El Gobierno español aprobó el 6 de octubre un conjunto de medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, uno de los asuntos centrales del debate político nacional. Las iniciativas incluyen actuaciones sobre los contratos de alquiler habitual, la ampliación de la oferta asequible y la protección de hogares en situación de vulnerabilidad. El Ejecutivo plantea también instrumentos para aumentar la estabilidad de propietarios e inquilinos en un mercado marcado por las diferencias entre territorios.
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Las decisiones llegan en un contexto político particular. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre. La situación de la vivienda ha adquirido así una dimensión electoral, mientras las distintas formaciones deben definir sus propuestas sobre alquileres, construcción, inversión pública y acceso a la propiedad.
