El Consejo de Ministros aprobó el 6 de octubre un real decreto que modifica distintas disposiciones relacionadas con el sistema financiero español. La reforma busca adaptar la regulación nacional al marco europeo y a los estándares internacionales de prevención del blanqueo de capitales. También incorpora cambios vinculados a la transformación tecnológica de los servicios financieros, las obligaciones de información y determinados procedimientos administrativos.
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Entre las novedades se encuentran medidas de identificación para operaciones realizadas mediante cajeros de criptomonedas y la utilización del documento nacional de identidad digital. El texto contempla asimismo ajustes en las garantías aplicables a las operaciones a distancia y en las obligaciones de fundaciones y asociaciones, teniendo en cuenta sus respectivos niveles de riesgo.
