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La actualización normativa pretende responder a nuevas formas de actividad financiera y facilitar la detección de operaciones sospechosas. Su aplicación concreta dependerá de las disposiciones correspondientes y de las obligaciones establecidas para cada entidad. Los cambios se inscriben en un proceso más amplio de adaptación regulatoria que afecta tanto a los servicios tradicionales como a los canales digitales.
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